Una ciudad a la deriva donde el pasaje es el síntoma de una gestión sin planes
Por José Manuel
Guzmán
Un sistema impuesto para el caos
Quienes vivimos Caracas y nos
duele desde nuestro más alto sentido de pertenencia, sabemos que ella funciona
como un organismo vivo que necesita movimiento constante para sobrevivir. Cuando
entendemos que el sistema de transporte es anárquico —y que los pasajes suben a
punta de “ningún criterio”—, comprendemos cómo se profundiza la herida de un
tejido social desmoronado.
Recientemente, la muy rechazada ministra de Transporte del gobierno interino lanzó un ajuste en las tarifas del sistema superficial y del Metro de Caracas. Con o sin publicación en Gaceta oficial, el malestar se siente en la calle, los trabajadores y algunos gremios ya piensan en proponer de nuevo la disposición horaria — solo dos o tres días de asistencias semanales— porque simplemente terminan pagando más en transporte, que lo que cobran.
Este tema no debe ser la clásica
trampa simplista de culpar solo al transportista —aunque es innegable que hay
deshonestidad en el gremio—. Cualquiera que use el servicio ve la realidad;
unidades sin mantenimiento básico; decir que cambian repuestos o hacen cambios
de aceite a diario es un cuento exagerado para justificar aumentos, sobre todo
con los subsidios gubernamentales activos de por medio.
Más allá de esto, el problema es
el fondo. Un sistema heredado de la ineficiencia, diseñado para que nada
encaje, donde la falta de planificación técnica nos deja a todos a la
intemperie. Es un urbanismo de supervivencia donde la frecuencia y la gestión
de las rutas se improvisan a diario, sin una visión de Estado que garantice
movilidad, dignidad y orden.
La falta de profesionalización es
tal que ignoramos lo básico. No tiene sentido técnico que una ruta corta —Catia
al Silencio— cueste lo mismo que un trayecto largo como Antímano a Petare. Es
incoherente. Un viaje desde Propatria al centro no puede cobrarse igual que uno
desde Los Cangilones hasta La Pastora. Un modelo de transporte serio responde a
costos por kilómetro y perfiles de demanda, no al azar. Sin un cálculo técnico
real, estamos condenados a este esquema arbitrario que asfixia al usuario y no
resuelve nada al transportista.
La desidia como política de Estado
La anarquía en nuestras calles no
es casualidad; es desorden organizado. Las reglas de tránsito brillan por su
ausencia. No culpo solo al chofer, porque esto es el reflejo directo de la
desidia de quienes gobiernan, que han dejado que Caracas crezca a punta de anarquía.
Es frustrante. En Caracas no hemos pegado una con ninguno de los alcaldes que
ha tenido esta ciudad; ninguno ha servido para nada. Se han dedicado a la
corrupción, no a la gestión. Cuando nada obedece a una tecnificación y a la
verdadera asunción de competencias municipales, perdemos logística y perdemos
el respeto por la gente.
Cualquier ciudad entiende que el
transporte es el motor; aquí, el Estado convirtió el derecho a moverse en
territorio de nadie y al pasajero en un rehén. Al no tener un plan de movilidad
serio, han fragmentado los barrios y agrandado las brechas sociales. La falta
de capacidad técnica, tanto en el gobierno central como en el municipal, nos
condena a resolver el día a día con improvisaciones. Es hora de arreglar el
problema de fondo.
Esto es un golpe a la lógica
vial. Las avenidas, pensadas para que la ciudad fluyera, hoy son embudos de
caos. Cobran un pasaje más caro que no se ve en asfalto nuevo ni en unidades
decentes. La falta de mantenimiento es la prueba más cruda: prefieren la
mediocridad administrativa antes que meterse de frente a resolver la
infraestructura. La solución no es seguir poniendo paños de agua caliente. Es
hora de recuperar el espacio público para que la movilidad deje de ser una
batalla campal.
La "malvada economía" que nos tiene encadenados
Cualquier urbanista percibe que
una ciudad es tan resistente como su componente más débil; en Caracas, ese
componente podríamos identificarlo en el transporte que todos sufrimos. Esto no
es fortuito, pues estamos encadenados a una dinámica social disminuida por una
"economía malvada e inestable" que nos obliga a resolver como sea. El
conductor, más que un protagonista del caos, es un eslabón que sabe que la
única forma de presionar al ejecutivo —o compensar lo que ningún ingreso cubre—
es ajustando el pasaje; resultado: cada vez que dan un bono, todo sube de
golpe. Es un ejercicio de desgaste psicológico donde el ciudadano adivina
cuánto le costará llegar a casa cada tarde.
Si miramos afuera, el éxito
radica en la integración. Aquí, la realidad es otra porque carecemos de un ente
municipal que sincronice “absolutamente nada”; nos acostumbramos a vivir en una
urbe que se autogestiona bajo la ley del más fuerte, ignorando que el
transporte debería ser el sistema circulatorio que mantenga a Caracas sana. No
hay un plan, hay una supervivencia compartida. La arquitectura de nuestras
calles tampoco ayuda; paradas inexistentes, seguridad peatonal ausente y
espacio público desperdiciado como estacionamiento informal. La mediocridad de
quienes dirigen el sector garantiza que el desorden siga al mando.
Al final, lo que vivimos es una
desconexión total. Necesitamos una visión de ciudad que valore la planificación
como herramienta de bienestar, no como trámite burocrático. La solución pasa
por trabajar con rigor, integrando a quienes operan el servicio con las
necesidades reales de una población que solo quiere una ciudad que funcione.
Caracas: la calle como espacio de todos.
Volver al orden en Caracas exige
dejar de ver esto como un problema aislado. Ambos —usuarios y transportistas—
estamos entrampados en el mismo círculo vicioso. El problema no es que los
transportistas actúen por cuenta propia —los aumentos tienen autorización del
gobierno—, sino que la economía no da para que el pasaje suba cada vez que se
ajusta el ingreso o bono, asfixiando a un pueblo que no puede seguir el ritmo.
La realidad es sistémica. Caracas
no solo es pasaje y transporte; es ver cómo los bulevares se volvieron avenidas
donde motorizados, particulares e informales han convertido el espacio público
en un estacionamiento gigante. Además, debe haber responsabilidad ineludible en
el mejoramiento del sistema y las unidades. El usuario no puede seguir pagando
un servicio que no ofrece ni condiciones mínimas.
Los comerciantes se adueñaron de
las aceras sin criterio y los informales en zonas como Catia, Petare o Antímano
—entendiendo que todos tenemos que comer— han desplazado al ciudadano común.
Aquí no hablamos de quitarle el pan a nadie, hablamos de orden con causa.
Es momento de superar el lamento
y aprovechar la coyuntura que vive el país para organizarnos; tal vez sea el
instante de gravitar ante un problema estructural: la pérdida de la ciudad. Si
los estudiantes y gremios toman las calles, es porque podrían entender que el
deterioro del salario, el ámbito electoral, el escenario político y la crisis
del transporte no son problemas distintos, sino que quizás sean el mismo
colapso.
No podríamos exigir derechos
laborales ni participar en procesos de cambio político sin reclamar el derecho
a la movilidad, pues el pasaje arbitrario podría ser, en esencia, un impuesto
que pulveriza el ingreso que tanto se lucha por defender.
La ingeniería urbana no debe ser
un escenario para la supervivencia, sino un espacio diseñado para la
convivencia. Si dejamos el enfoque cortoplacista, podríamos transformar esas
arterias de caos en corredores de verdadera fluidez. La clave es la integración,
un modelo que dialogue con la realidad económica de los caraqueños y que
aplique estándares de gerencia urbana serios.
Treinta años de experiencia en la
carrera administrativa me permiten recordar el Centro Simón Bolívar no como el
colapso de hoy, sino como el eje de Caracas que funcionó. En décadas
anteriores, este espacio era un mecanismo civilizado donde el orden y el
respeto al diseño urbano permitían que el ciudadano fuera protagonista; Fue una
ciudad construida con criterios donde las instituciones cumplieron con su deber
de velar por el funcionamiento y funcionamiento de la ciudad capital.
Hoy la realidad es un golpe
directo. Hemos visto cómo el propio gobierno central y sus ministerios se
apropiaron del espacio público y asfixiaron las zonas que daban respiro a la
ciudad. La provisión arbitraria de espacios comerciales sin visión urbana y
dictada únicamente por el autoritarismo de organismos como Corpocapital, donde
la planificación ha sido reemplazada por la improvisación y el soborno, ha
distorsionado nuestra arquitectura. Se priorizó el control sobre la técnica,
convirtiendo lo que fue orgullo en un territorio de supervivencia, sin orden
alguno, sin seguridad y con el espacio público desperdiciado.
Es profundamente triste recorrer
hoy esas calles y reconocer, en cada rincón desmantelado, que se perdió la
ciudad. No es solo el abandono físico lo que duele, sino la renuncia a la
calidad de vida que alguna vez supimos gestionar con rigor. Por ello, el
caraqueño debe ir analizando seriamente en un umbral de posibles elecciones que
debe madurar; ya no es válido escoger líderes para Caracas o para los poderes
municipales por empatía, simpatías estériles o clientelismo.
Se requieren autoridades
municipales que dominen lo que se necesita a nivel de políticas públicas para
la ciudad, con conocimientos técnicos profesionales; pero que también sepan
tomar en cuenta la realidad económica del ciudadano. En el caso del transporte
—insisto— se deben considerar todos los factores operativos de cada ruta,
entendiendo que el presupuesto familiar debe respetarse como eje central de
cualquier ajuste. El usuario debe ser el centro de la ecuación, devolviéndole a
la calle esa sensación de orden que se perdió hace demasiado tiempo.
Caracas merece dejar de ser la
suma de voluntades sueltas. El camino hacia esta transformación requiere
voluntad. Al completar este ciclo de improvisación, no sólo solucionaremos un
problema técnico; Sentaremos las bases de una ciudad donde moverse no sea una
lucha, sino algo natural, con paso firme y esta vez un derecho realizado con
propósito.
Por José Manuel Guzmán
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